La Fiscalía de Estado pone la lupa sobre los pasivos ambientales de YPF

La petrolera incumplió con los plazos para remediar las deudas ambientales en la provincia. El gobierno está habilitado a quitarle concesiones, pero Cornejo no iría a fondo contra la petrolera. Las explicaciones de la empresa.

Un dictamen de la Fiscalía de Estado que verá la luz en los próximos días tiene en vilo al gobierno provincial y a YPF. La resolución del organismo que conduce Fernando Simón se firmaría antes del fin de semana y pone la lupa sobre un importante incumplimiento de la petrolera que se transformó en un inesperado dolor de cabeza para la administración de Alfredo Cornejo.

La historia se remonta a mediados de 2011, cuando la empresa firmó con la gestión del entonces gobernador Celso Jaque la extensión del contrato de concesión de 16 áreas petroleras. Ese vínculo estaba condicionado a que YPF saneara antes de diciembre del año pasado la totalidad de sus pasivos ambientales pero ese plazo caducó y, según las estimaciones oficiales más optimistas, sólo se completó 40% del trabajo.

Desde la Dirección de Protección Ambiental (DPA) indicaron que le solicitarán a YPF un descargo para que brinde las explicaciones sobre este incumplimiento que, en un caso extremo, podría provocar la rescisión de los contratos de esas áreas. Así quedó estipulado en el artículo 7 del anexo I del decreto 1.465 de 2011, que menciona que "serán causales de rescisión del presente acuerdo el incumplimiento en tiempo y forma por parte de la empresa" de algunas obligaciones. Entre ellas se destaca el punto que habla sobre abandono y remediación de pozos.

La Fiscalía de Estado, después de analizar diferentes informes oficiales sobre el plan de remediación de YPF, está lista para emitir una resolución. Si bien Simón podría solicitar multas a la empresa o pedir la caducidad de las concesiones de las áreas donde no se completó el saneamiento, la última palabra la tiene Cornejo. Y a nadie se le ocurre que el gobernador pueda tomar una decisión demasiado drástica.

"Esos pozos son el corazón de YPF en Mendoza y sacárselos significa directamente echarla de la provincia", argumentó una fuente del sector petrolero. "Mendoza tiene que incentivar las inversiones y atacar a YPF sería todo lo contrario", agregó otro especialista.

En este sentido, si bien que los plazos están vencidos, desde el gobierno se muestran conformes con los trabajos de remediación que realiza la petrolera que tiene más del 60% de participación en el mercado de exploración y explotación de crudo en la provincia.

Historia de un incumplimiento

Los pasivos ambientales son las deudas que una empresa tiene por daños al ecosistema que no fueron saneados y constituyen un riesgo. En el caso de la actividad petrolera se presentan como piletas asociadas a cada pozo que se taparon sin ser saneadas, caminos de acceso, chatarra, baterías, antiguos derrames de hidrocarburos y transformadores en desuso, entre otros.

Al igual que YPF, otras cuatro empresas que firmaron el acuerdo para extender las concesión de sus áreas se comprometieron a la remediación de esos pasivos. La diferencia es que mientras ellas completaron los trabajos ambientales, la principal petrolera del país quedó lejos de cumplir con esa meta.

Un informe oficial señala que YPF declaró 452 pasivos y sólo 105 fueron saneados al 100%. De las 16 áreas cuyas concesiones fueron prorrogadas, en cinco (El Portón, Cerro Fortunoso, Llancanello, Río Tunuyán y Cañadón Amarillo) se completó la remediación. En las restantes 11 (Barrancas, El Manzano, La Brea, Llancanelo R, Puntilla de Huincán, Valle del Río Grande, Vizcacheras, Altiplanicie del Payún, Chihuido de la Sierra Negra, Puesto Hernández y La Ventana) los trabajos tienen diferentes grados de avance, pero ninguno está concluido.

Miriam Skalany, titular de la DPA, explicó que tras determinar la caracterización y análisis de riesgo de la totalidad de esos pasivos, se decidió priorizar algunas zonas específicas. "No es lo mismo un derrame de 30 años en un campo inculto que otro más nuevo y que puede afectar un curso de agua", indicó la funcionaria.

A grandes rasgos, las petroleras tuvieron que completar tres pasos: la aprobación del listado de pasivos, la caracterización y análisis de riesgo de cada uno en base a una matriz internacional y la remediación. YPF completó los dos primeros y quedó en deuda con el tercero. Todo el proceso es auditado por el Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Mendoza y monitoreado por la DPA.

Skalany señaló que YPF completó el 40% del saneamiento de los pozos. "Vamos a notificar a la empresa y pedirle un descargo para que explique por qué no terminó con la remediación", manifestó.

Las explicaciones

Desde YPF comentaron que "la empresa está abocada a un plan de remediación intenso" en la provincia y enumeraron los avances logrados en los últimos años. De los 443 pasivos (el número difiere del informado por el Gobierno), la petrolera asegura que en 111 completó el saneamiento; 25 ya fueron remediados y se espera la aprobación final; 109 están pendientes de una resolución de la DPA y 21 en espera de un dictamen del CCT Conicet. Por eso indican que faltan resolver "177 situaciones ambientales".

Por otra parte, expertos que descartan de plano la posibilidad de hacer caer la concesión de esas áreas a la petrolera consideran que una solución podría llegar con un decreto del gobernador para extender los plazos. También se muestran sorprendidos por la falta de reacción oficial para evitar llegar a esta instancia, con los plazos vencidos y los trabajos inconclusos. En este sentido, teniendo en cuenta la complejidad y magnitud de las tareas necesarias, estiman que YPF recién en unos cinco años podría completar la remediación.

Otra fuente comentó que para encontrar una explicación a la situación extrema a la que llegó YPF en Mendoza hay que retroceder al año 2011, cuando Jaque y el entonces vicepresidente de la empresa, Sebastián Eskenazi, firmaron el acuerdo. En ese momento el gobierno nacional comenzaba a analizar la posibilidad de reestatizar la empresa, algo que finalmente sucedió en mayo de 2012.

"Había que bajarle el valor a YPF para reestatizarla, por eso en Mendoza se establecieron condiciones de remediación más duras que a otras petroleras. El objetivo era que la empresa quedara en una situación desfavorable", recordó una fuente que siguió de cerca aquellas negociaciones. "YPF aceptó porque no le quedaba otra opción, pero era imposible cumplir con los plazos", agregó.
 
ElSol-
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