La Nación también quiere implementar el juicio por jurado

La propuesta que Fernández Sagasti le acercó hace una semana a Cornejo está en carpeta en el ámbito federal.

Hubo una reunión. El gobernador Alfredo Cornejo recibió de manos de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti un proyecto de ley para instaurar el sistema de juicios por jurados.

En realidad la propuesta que llevó la legisladora kirchnerista es un proyecto de ley que presentó el año pasado en el Senado nacional. ¿Es viable la propuesta de juzgar delitos con el voto de ciudadanos comunes como vemos en las películas estadounidenses?

En realidad la propuesta ya estaba en el radar de Cornejo y lo está en el del gobierno nacional de Cambiemos. Es parte de la batería de propuestas del programa Justicia 2020 que lleva adelante el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano.

También el sistema tiene antecedentes en el país: la provincia de Córdoba fue la primera que avanzó con un sistema de “juicios populares” en el año ‘98, que le sumaba a las cámaras del crimen (tres jueces “técnicos”) dos ciudadanos; en 2005 la participación popular se amplió a ocho ciudadanos, que deliberan la culpabilidad junto a los jueces. Este sistema lo llaman “escabinado”. 

Las otras dos provincias que tienen el sistema son Neuquén en 2014 y Buenos Aires en 2015; en estas dos provincias el sistema se parece más al que se ve en el cine de Hollywood, dónde los jurados deliberan solos y los jueces escuchan el veredicto.

 

Además hay otras dos que ya tienen sancionada su ley de juicios por jurados y avanzarán en la implementación en los próximos meses: Chaco y Río Negro.

La propuesta que Fernández Sagasti le llevó a Cornejo mantiene algunas de las condiciones que hoy están vigentes en las provincias que ya tienen juicios por jurados. Se aplicaría en algunos delitos, los que tienen penas de prisión por encima de ocho años, prevé la participación igualitaria de hombres y mujeres.

La propuesta que Fernández Sagasti presentó en el Senado nacional, no es la única que ha sido presentada en el Congreso, dónde hay un puñado de iniciativas que el Gobierno nacional tiene en la mira como base del debate para avanzar generando algunos consensos necesarios para avanzar.

Pero el avance a nivel nacional quedará postergado para el año que viene. El jefe de gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, confirmó a Los Andes que este año la prioridad es avanzar en el sistema acusatorio para la Justicia Federal, es decir fiscales que investigan y acusan y jueces que funcionan como garantes del proceso; algo que en los estrados federales hoy no existe, aunque sí funciona en la Provincia desde hace casi 20 años en el Gran Mendoza. 

Casares indica que no es posible avanzar hoy, justamente porque es condición para que funcione el juicio por jurados que haya oralidad y sistema acusatorio. “Pero primero el sistema acusatorio. La reforma del Código Procesal Penal se votaría en el Senado en los próximos días y pasa a Diputados. A fin de año lo ponemos en funcionamiento. El año que viene abriremos el tratamiento legislativo de Juicio por jurados para implementarlo en 2020” dijo Casares.

El funcionario nacional sostuvo una condición que se aplica en todas las provincias: se aplicaría para delitos de sangre o aberrantes y casos de corrupción.

En provincia de Buenos Aires el sistema es opcional y la elección está en manos de la defensa o del acusado y sólo para delitos con condenas superiores a los 15 años; el jurado tiene 12 miembros y hacen falta 10 votos del total para decretar la culpabilidad. En Neuquén es obligatorio aplicarlo cuando el fiscal pida una pena de 15 años o más, son también 12 jurados y hacen falta ocho votos para culpar.

La selección de los jurados en todos los casos es por sorteo de personas que figuran en el padrón electoral.

 

El caso Córdoba, el más viejo de todos

En Córdoba hay una oficina de Jurados Populares que depende del Tribunal Superior de Justicia (equivalente a la Suprema Corte mendocina).

El jefe de esa oficina, Gonzalo Romero, dijo los jurados son obligatorios en casos de corrupción y crímenes aberrantes como femicidios, homicidios agravados por el vínculo, o en ocasión de robo. Es una carga pública rentada, a los jurados se les paga $600 por cada audiencia.

Los jurados tienen que cumplir una serie de condiciones: tener entre 25 y 75 años, tener tercer año de la secundaria aprobado, no ser eclesiásticos, ni abogados o escribanos, ni empleados públicos. Tampoco haber sido testigos en el caso.

Para cada juicio se eligen 24 jurados y en una audiencia preliminar, las partes van rechazando con causa a todos los que quieran y a uno sin causa, hasta quedar 12 jurados, 8 titulares y 4 suplentes, el 50% de ellos deben ser mujeres.

Los que participan en la deliberación final en la que se decide culpa o inocencia son ocho que hubieran estado en todas las audiencias; puede que alguno de los titulares se enfermara, entonces se cubre con el primero de los suplentes, siempre tiene que haber ocho que hayan estado presentes durante todo el juicio oral y que votan con dos de los tres jueces técnicos. Si hubiera empate, entonces desempata el tercer juez técnico.

Romero dijo que se han desarrollado más de 500 juicios con este sistema, en el 85% hubo condenas y el otro 15% absolución. Sólo en tres de esos juicios el Tribunal superior dio vuelta el resultado, lo cual acreditaría la eficiencia del sistema. Romero admite que hubo un puñado de causas en las que el Tribunal Superior modificó calificación y monto de penas, es decir una casación parcial, pero no la culpabilidad o inocencia del caso.

Los jurados se sacan del padrón electoral todos los años. Se sortean algo más de ocho mil, se los notifica por carta y se les manda un formulario de declaración jurada. “Finalmente quedan entre 1.500 y 1.800 ciudadanos en condiciones de ser convocados a un juicio”, dice Romero.

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